Tras los terremotos ocurridos en Venezuela en junio de 2026, el Servicio Jesuita a Refugiados (JRS Venezuela), con el apoyo de Cáritas Suiza, se encuentra brindando a las comunidades y afectados orientación jurídica grupal, asesoría legal y remisiones seguras en La Guaira, Miranda y el Distrito Capital.

La iniciativa busca fortalecer la protección de las personas afectadas, facilitando el acceso a información sobre sus derechos y acompañando los casos que requieren atención especializada con las rutas institucionales disponibles.

Las actividades se realizaron en los espacios de la U.E. Fe y Alegría Simón Bolívar, en Caraballeda, municipio Vargas, estado La Guaira, y en Fe y Alegría IRFA, en Petare, estado Miranda. Las jornadas abordaron derechos humanos, derecho a la identidad, derechos de propiedad, protección de niños, niñas y adolescentes, y mecanismos de prevención y atención frente a situaciones de violencia basada en género.

Durante los encuentros, las personas participantes recibieron información práctica para ejercer y reclamar sus derechos en un contexto de emergencia. También pudieron hacer consultas sobre sus situaciones particulares, identificar posibles riesgos de protección y conocer los servicios y mecanismos institucionales a los que podían acudir.

De la información general al acompañamiento individual

Las jornadas grupales permitieron detectar necesidades específicas relacionadas con documentación, propiedad, protección familiar y afectaciones psicosociales derivadas de los terremotos. A partir de esta identificación temprana, el equipo de protección pudo orientar casos que requerían seguimiento individual y abordar las alternativas disponibles de manera confidencial, respetando el consentimiento informado y evitando la revictimización.

En Caraballeda se identificaron personas con necesidades particulares de atención jurídica. Estos casos dieron lugar a procesos posteriores de orientación individual y a la activación de remisiones seguras hacia organizaciones especializadas del Clúster de Protección en Venezuela.

Además, se brindó orientación jurídica individual a dos personas sobre situaciones relacionadas con derechos de propiedad y acceso a servicios. Luego de una valoración inicial, el equipo determinó la necesidad de remitir ambos casos a instancias especializadas, con capacidad para ofrecer acompañamiento legal y seguimiento más profundo.

La posibilidad de avanzar hacia estas atenciones individuales estuvo vinculada al trabajo previo de información y construcción de confianza realizado en los espacios comunitarios. Este proceso permitió que las personas expresaran sus preocupaciones, conocieran sus opciones y participaran en las decisiones relacionadas con la atención de sus casos.

Las acciones contribuyeron a que las comunidades reconocieran sus derechos, identificaran rutas de acceso a servicios y conocieran mecanismos para solicitar protección de forma oportuna y segura. La participación activa de las personas asistentes también aportó información relevante para ajustar el acompañamiento y fortalecer la rendición de cuentas frente a las comunidades afectadas.